Durante el último año, la maestra le costó a su escuela primaria, ubicada en Gales, unas 100.000 libras (unos 150.000 dólares) que gastaron en su sueldo y en el de sus sustitutos mientras no podía asistir a clase.
Tanto los empleados del colegio como sus alumnos creían que el hijo de Baker estaba gravemente enfermo: la mujer siempre falsificaba los certificados médicos para justificar sus ausencias. Sus mentiras más extremas incluían la de que su hijo estuvo en coma y que perdió la movilidad de sus piernas.
El Consejo General de Docencia local prohibió a Baker ejercer su profesión durante cuatro años después de encontrarla culpable de conducta inaceptable. Asimismo, recibió una sentencia de cárcel de seis meses, suspendida por dos años, después de admitir dos delitos de fraude.